José Castro mencionó un incumplimiento de convenio con Nación, la incorporación irregular de personal y el cambio de destino a una expropiación. Además, dijo que no cuenta con el legislador para hablar de las necesidades del departamento.
A la hora de hacer un balance de sus casi 11 meses de gestión, el intendente de Angaco, el justicialista José Castro, resaltó que ha estado saneando una “administración complicada en lo administrativo y financiero” de su predecesor, el bloquista Carlos Maza. En ese marco, mencionó que tiene que afrontar el incumplimiento de un convenio con Nación, por el que tendrá que pagar poco más de 20 millones de pesos.
Además, cuestionó a su antecesor por la incorporación a planta permanente de 28 contratados de manera irregular. El jefe comunal afirmó que una sentencia judicial dio marcha atrás con la situación laboral de los trabajadores, por lo que resaltó que “el tema es la diferencia que se les pagó” como personal efectivo “y el valor del contrato”. Así, habló de unos 300 millones de pesos y destacó que “el único responsable” es Maza.
No fue lo único, ya que Castro explicó que está en tratativas para reimpulsar el parque industrial del departamento, cuyo terreno había expropiado para ese fin en su anterior gobierno. No obstante, dijo que el exintendente le dio otro destino, por lo que el inmueble se perdió judicialmente y volvió a manos del antiguo dueño. Recuperarlo implica pagarlo de nuevo, por lo que remarcó que “se analizan todas las situaciones que tienen que ver con lo administrativo, legal y recuperar la plata”.
En los tres casos, tiró claras señales de que le entablará una demanda civil a su predecesor.
El intendente brindó las definiciones en el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento, en el que, además, le pegó al diputado departamental, Marcelo Mallea. El legislador “ha tomado una decisión personal, que es hacer política en otro bloque que no es por el cual llegó. Hoy, no contamos con el diputado porque no está dispuesto a sentarse en la misma mesa a debatir las necesidades de Angaco con quien lo llevó en la lista”.
Además, cuestionó a Mallea por no hacer nada por los proyectos que había dejado avanzados antes de terminar su segundo mandato y que se paralizaron durante el gobierno de Maza.
Castro había llegado a la Intendencia en 2011, de la mano del entonces frente opositor que conducía Roberto Basualdo. En 2015 fue reelecto, pero ya había vuelto al justicialismo. Al finalizar su segundo período en 2019, impulsó a su hermano Alejandro, quien cayó ante el bloquista Maza, quien llevaba en la lista a Mallea como diputado, el que también resultó electo. Ambos consiguieron sus puestos en el frente que lideró el partido ADN.
Luego de una cuestionada gestión del integrante del partido bloquista, Castro se desquitó, lo venció y volvió a la jefatura comunal en 2023 en una de las listas del uñaquismo, con Mallea como legislador departamental. Como jefe territorial, el intendente también se consagró como presidente de la Junta del PJ angaquero.
En ese contexto, siempre hubo una fuerte disputa entre Castro y Maza, al punto que el contacto en la transición de gobierno fue nula. Así, el jefe comunal resaltó que le llegó el reclamo del Ministerio del Interior por la devolución de 10 millones de pesos que se enviaron en 2021 para la compra de tres movilidades 0 KM y que “nunca fueron rendidos”. Al explayarse, explicó que, de las tres movilidades, “compraron una que jamás rindieron y que no cumplía ni con las condiciones ni la marca estipulada del vehículo”.
Por eso, indicó que se trata de un incumplimiento de convenio y que hay “dos opciones. Inicias un juicio, que no tiene ningún sentido porque está perdido antes de ser iniciado. O se realiza la devolución de los recursos, más los intereses. Tenemos el cálculo que son poco más de 20 millones de pesos”.
Ante la consulta si entablará una demanda civil contra Maza, el jefe comunal manifestó que “se analizarán los actos administrativos y legales y se actuará en función de lo que corresponda. No se descarta porque soy el responsable de la cuenta anual que se presenta el año que viene y acá va a haber una partida presupuestaria que tiene que ser destinada a eso”.
El jueves, salió a la luz la situación de los 28 empleados que eran contratados, que pasaron a planta permanente del municipio en la administración de Maza, pero que, al final, fueron dados de baja. Castro explicó que “fueron incluidos en un decreto que era nulo de nulidad absoluta al momento de su dictado”.
Fue así que destacó que el Concejo Deliberante le metió una demanda a la Intendencia porque “debía aprobar partidas presupuestarias para abonarle al personal (incorporado como efectivo) y se encontró con un decreto que incumplía con una serie de normas”.
El jefe comunal destacó que le advertían que se “incumplía con la ley de Contabilidad y la de final de mandato”. Esta última normativa, sancionada en el gobierno provincial uñaquista, establece que un intendente no puede incrementar el gasto corriente, como la incorporación de personal, en los últimos nueve meses de la finalización de su mandato.
Además, Castro señaló que no se respetó “la ley 142 A del Escalafón del Empleo Público” y que “se incumplió un convenio firmado y homologado en la Justicia entre el Ejecutivo municipal con un gremio (SUOEM), que establecía que las categorías vacantes debían ser utilizadas para recategorizar personal y que las categorías sobrantes, que iban a ser las más bajas, fuesen destinadas a nombrar personal. Nada de eso pasó. Se nombró personal por las categorías superiores en forma directa”.
También remarcó que no se ajustó “ni el propio presupuesto, porque la ley dice que, para pasar gente a planta permanente, previamente, tenés que disponer de partidas presupuestarias para abonarle a ese personal. En ese momento, el municipio no tenía aprobado el presupuesto por una cuestión interna con el Concejo Deliberante”.
En 2019, Maza llegó al poder de la comuna con una mayoría ajustada en el legislativo: tres de cinco concejales. Sin embargo, uno de sus ediles, Claudio Palacio, se peleó con el entonces intendente y se alió con las opositoras Natalia Marín y Valerio Olivera, que habían ingresado por la lista del propio Castro. De esa forma, se convirtieron en mayoría y se dio una fuerte pelea con el Ejecutivo.
Fue ese Concejo Deliberante el que le entabló la demanda al gobierno municipal de Maza por el decreto de pase a planta que, entendían, era irregular. El hoy jefe comunal manifestó que “la Justicia Civil ha sacado sentencia señalando lo que dice la ley: si incumplís toda la normativa vigente, no se puede hacer incorporaciones y que las acciones se retrotraen al día anterior del dictado del decreto. Eso hace que esos 28 trabajadores eran contratados a ese momento. Nosotros hemos puesto el viernes los contratos a disposición de los empleados, con su correspondiente seguro”.
El propio Castro mencionó que el tema “es un problema de, aproximadamente, 300 millones de pesos. Son trabajadores a los que se les liquidó como planta permanente porque dijeron que los habían nombrado, pero no lo estaban. Entonces, hay una diferencia. Acá, alguien firmó un decreto e hizo tal cosa, pero fuera de la ley. Es el único responsable”, en referencia a Maza.
Por otro lado, el jefe comunal recordó que había patentado en Nación un parque industrial, cuyo terreno había expropiado en su anterior gestión. Pero, dijo que Maza lo destinó “a hacer carreras de motos”. De esa manera, explicó que no se cumplió con el fin para el cual el inmueble se había expropiado, por lo que el exdueño “hizo un planteo judicial de retrocesión y el municipio perdió el parque industrial”.
De todas formas, remarcó que “estamos en pleno proceso de recuperación del parque” y “hay muy buenas posibilidades” de hacerlo. Esa negociación se dará a través de una compra, lo que implicaría un nuevo desembolso de la comuna. No obstante, Castro hizo hincapié en que lo “neurálgico es preservar las arcas de la municipalidad”, en alusión a la posibilidad de incluir lo que salga un nuevo pago en una eventual demanda.
Sobre la decisión del diputado Mallea de jugar de manera individual, el intendente expresó que “si alguien decide tomar decisiones personales por beneficios que desconocemos, o no, bueno, él debe dar la respuesta”. Castro lanzó los cuestionamientos al legislador durante el mandato que compartió con Maza como intendente.
Así, manifestó que, en la gestión de Maza, “se le privó a 500 o 600 familias angaqueras a que accedieran a su terreno del programa Mi lugar en el mundo para que construya su vivienda. Deberá explicar (el diputado) qué acción llevó adelante para que eso suceda durante tres años”, remarcó. La referencia es al programa habitacional municipal que lanzó en sus anteriores gestiones, del que señaló que su predecesor “bloqueó con un decreto”. Ahora, indicó que han entregado más de 1.000 terrenos. “Estamos hablando de más de 1.000 familias beneficiadas, de las cuales, del 80 al 90 por ciento ya han recibido la escritura gratuita”, subrayó el intendente.
Por eso, cuestionó a Mallea al señalar que “deberá aclarar si la misión es ocupar una banca para decir no me puedo meter en esto y si no puedo opinar de esto otro”. En ese contexto, profundizó que no opinó “de los 21 kilómetros de pavimento que en Angaco no se hicieron”. Dicha mención, según destacó, fue al convenio que dejó firmado con la provincia en 2019 para la pavimentación de “distintas arterias productivas. Hoy, van a decir que no pueden reconocer un convenio de hace cinco años y que no se puede renovar porque no están los recursos”.
También lo criticó porque no opinó que sobre el hecho de que no se hiciera “la construcción de la Escuela Técnica Municipal de Angaco, para la cual, donamos el terreno, tenemos los planos aprobados y el llamado a licitación. Es una obra que no se llevó adelante en los cuatro años de la gestión pasada y jamás vimos un pedido de informe”.
Fuente Walter Ríos periodista para 264 Noticias
